Reglamento de la Ley de Extensión Agropecuaria
El Gobierno peruano acaba de poner en marcha una norma que podría transformar la agricultura familiar: el reglamento de la Ley de Extensión Agropecuaria.
Con ella, más de 2 millones de pequeños y medianos productores tendrán acceso a capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica especializada. El objetivo: cerrar brechas históricas en innovación y competitividad.
El reglamento crea un registro nacional de proveedores de servicios, establece procesos de acreditación y define mecanismos de articulación entre Estado, productores y sector privado. Además, otorga al INIA potestad para fiscalizar y sancionar.
Se trata de una herramienta pensada para conectar el conocimiento técnico con las manos que trabajan la tierra, impulsando un agro más moderno, eficiente e inclusivo.
Entre las principales disposiciones del reglamento destacan, la creación del Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Extensión Agropecuaria (RNPSEA), que clasificará a los proveedores por categorías y especialidades, procesos de acreditación y renovación de proveedores del servicio.
Además, la identificación de los usuarios del servicio en base al Padrón de Productores Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el establecimiento de autoridades competentes y mecanismos de articulación entre el Estado, los productores y el sector privado, mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio, procesos de seguimiento, evaluación e incentivos y otorgamiento de potestad fiscalizadora y sancionadora al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria -conformada por la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS)- resaltó la trascendencia del reglamento como una herramienta clave para cerrar las brechas de innovación y desarrollo tecnológico que, por años, han limitado el crecimiento del agro peruano.
La elaboración del reglamento implicó un proceso participativo y transparente, que incluyó una fase de consulta pública regulada mediante la Resolución Ministerial n.° 0423-2024-Midagri. Se recibieron aportes de profesionales, técnicos, productores y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de 15 días.
Esta aprobación consolida un paso decisivo del Estado peruano en su política pública de fortalecimiento del sector agrario, dotando de un marco normativo claro y moderno para la prestación del servicio de extensión agropecuaria y contribuyendo al desarrollo sostenible e inclusivo del campo peruano.